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Madrid, 4 de febrero de 2007.- La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro ha pedido explicaciones al Gobierno para saber qué piensa hacer tras el anuncio coordinador de las tres principales compañías de telefonía móvil en España de subir sus tarifas para compensar la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, por la que tienen que acabar con la abusiva práctica del redondeo. Navarro ha registrado en el Congreso una pregunta dirigida al Ejecutivo en la que se interesa por saber si “¿Considera el Gobierno que las subidas de las tarifas telefónicas planteadas por los principales operadores de telefonía móvil encajan dentro del espíritu de la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios?”, así como si “¿Piensa el Gobierno intervenir si los operadores de telefonía móvil imponen subidas de tarifas abusivas e injustificadas?”
A juicio de la diputada de Izquierda Unida, “en estos momentos existen serias sospechas de que las tres compañías han tenido una poco casual coincidencia en el tiempo y en la cuantía de sus subidas. Con este desproporcionado e injustificado aumento de precios parece claro que las tarifas se han modificado no por la elevación en el coste de sus servicios sino para hacer frente a la nueva tarificación por segundos y la pérdida de ingresos que les supone el fin del abusivo redondeo. Da la impresión de que estas empresas sólo buscan seguir haciendo la misma caja o superar las cantidades que generaba la práctica de la que ahora se ven privadas”.
Isaura Navarro recuerda que “la nueva ley de los consumidores establece que tendrán carácter de abusivas las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido, o en el precio de los productos o servicios, o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”.
“Ante la descabellada y coordinada subida de precios del 25% en el establecimiento de llamada –señala la diputada- y del 20% en otros conceptos, parece claro que el Gobierno y los órganos reguladores de la competencia tienen que hacer algo para evitar lo que desde IU consideramos, en primer lugar, un abuso manifiesto a los usuarios de telefonía, además de advertir serios indicios de unas prácticas ilegítimas que se deben investigar”.
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